Fusagasugá, primer lugar en casos de violencia intrafamiliar en el país
El Instituto de Medicina Legal entregó hace unos días un balance sobre los casos de homicidios, casos de abuso sexual y violencias ocurridad durante los dos primeros meses de aislamiento obligatorio por cuenta del COVID-19, en los que, tristemente, las mujeres han sido las principales víctimas.
En este informe, Fusagasugá encabeza la lista como el municipio que registra mayor número de casos de violencia en todo el país, seguida por Sogamoso (Boyacá), La Ceja y Caldas (Antioquia); Floridablanca y Vélez (Santander).
En el balance nacional las mujeres más afectadas fueron las adultas, entre 29 y 59 años, sobre quienes se reportó un aumento del 94%, seguidas por las mujeres de la tercera edad, de más de 60 años, sobre quienes la violencia repuntó en un 88% y las adolescentes, entre los 12 y los 17 años, que denunciaron un 86% más de agresiones que en el primer mes de aislamiento.
No obstante, paradójicamente, quienes más denunciaron los hechos fueron hombres, lo que hizo que las cifras de este tipo de violencia con víctimas masculinas crecieron en un 37,6%, mientras que las víctimas femeninas crecieron en un 33,9%, lo que no quiere decir que haya más víctimas masculinas que femeninas, sino que es más sencillo y seguro para los hombres realizar este tipo de denuncias, pues no es usual que en estos casos se presenten amenazas hacia su persona, no se evidencia el miedo exacerbado que puede sentir una mujer víctima de violencias.
En el caso del género femenino, muchas de las víctimas de agresiones son amedrentadas por sus agresores bajo amenazas graves hacia ellas mismas o miembros de su mismo entorno familiar. Muchas de ellas dependen económicamente de sus victimarios al ser ellos quienes proveen el sustento mientras que ellas se encargan del hogar y la crianza de los hijos sin ningún tipo de contraprestación económica, lo que aumenta las violencias. Estas y otras razones hacen que las mujeres no se animen a denunciar, otras más valientes lo hacen pero son revictimizadas por el sistema judicial y legislativo de nuestro país, por lo que más del 50% de los casos de violencia quedan en la impunidad.
En el caso de Fusagasugá, el panorama no es más alentador. Siendo una ciudad con aproximadamente el 54% de población femenina, la administración municipal no brinda las garantías necesarias para su seguridad y protección, mientras las autoridades minimizan los hechos de violencia al rango de violencia doméstica simple, dificultando aún más esta problemática que ha adquirido unas dimensiones preocupantes durante los últimos dos meses.